La Administración de Donald Trump ha expandido su ofensiva en contra de los documentados a los abogados de migración. El Gobierno de Estados Unidos ha cancelado los contratos que tenía con decenas de organizaciones que se encargaban de los procesos jurídicos de los menores no acompañados. El golpe deja en un limbo legal a unos 26.000 menores de 18 años que llegaron al país en los últimos años. Junto a la cancelación del contrato, los letrados que llevan este tipo de casos en los tribunales recibieron también amenazas legales si es que deciden continuar con sus litigios contra el Gobierno para que sus clientes permanezcan en territorio estadounidense.
“Todavía no creo lo que está pasando”,
asegura Cristel Martínez, una abogada hondureña que llegó a Estados Unidos con nueve años y quien litiga casos de migración desde 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump. “Entonces hubo muchos ataques, pero no algo así. Estamos hablando de las personas que ayudan a tramitar el asilo”, señala Martínez, quien lleva 26 años en el país.
Martínez y su equipo llevan desde Los Ángeles los casos de 325 menores. Hay otras organizaciones que defienden a miles de inmigrantes no acompañados. “Lo que el Gobierno está diciendo es que los niños se pueden defender solos”, señala la letrada. La mayoría de sus clientes llegaron al país desde 2022, durante la era de Joe Biden. Otros lo hicieron más tarde. Entre ellos hay una bebé de once meses que, obviamente, que no habla y no mantiene comunicación con su representante legal. También los hay de cinco o siete años. Algunos tienen 17.
